El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-Ley que introduce “ajustes de carácter muy técnico” para agilizar la gestión del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y del bono joven al alquiler y “asegurar que las ayudas llegan cuanto antes a quienes las necesitan”, como ha informado la ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Los ajustes también afectarán a planes de vivienda anteriores que siguen vigentes, como el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, “porque todavía hay actuaciones que se están desarrollando”, ha precisado Sánchez. Dichos ajustes técnicos, explican desde el Mitma, “tienen como objetivo no solo mejorar la gestión, sino alcanzar una mayor coherencia en los programas de ayudas, en referencia a los ciudadanos vulnerables social y económicamente, con otras actuaciones autonómicas y locales que van desarrollando en materia de vivienda”.
Transferencia de 10 millones para comprar pisos a Sareb
El decreto aprobado este martes también facilita “la contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque de viviendas públicas”. Sánchez ha recordado que hay 10 millones de euros consignados de forma adicional al Presupuesto General del Estado (PGE) de 2022 destinado a la compra de vivienda y alquiler asequible por parte de las comunidades y ciudades autónomas “para que puedan comprar directamente a la Sareb”.
Según explica el Mitma, esa transferencia de 10 millones de euros va destinada para que CCAA, Ceuta y Melilla puedan comprar viviendas titularidad de Sareb para alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años.
La cuantía de la subvención para la adquisición de viviendas a la Sareb podrá ascender hasta el 100% del precio o coste de adquisición (incluidos tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición). Estas viviendas habrán de destinarse al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años y tendrán limitación de renta. Por tanto, con las modificaciones del nuevo decreto, las ayudas a las comunidades autónomas podrán llegar al 100%, mientras que antes estaban limitadas al 60%.
Además, en el Consejo de Ministros de este martes también se ha abordado el bono joven al alquiler, que en 2023 volverá a contar con un presupuesto de 200 millones de euros, como consta en el proyecto de los PGE para el año que viene.
Partida récord en vivienda en los PGE
Asimismo, Sánchez se ha referido al plan de rehabilitación de vivienda y a la construcción de vivienda para alquiler asequible. La ministra ha precisado que se espera edificar más de 100.000 viviendas para este fin. “Es un esfuerzo sin precedentes en materia de vivienda”, ha expuesto Sánchez.
Por su parte, la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha añadido que la vivienda es “la protagonista de los PGE que se están tramitando en el Congreso”, con un incremento presupuestario del 5,4%. En concreto, el proyecto de las cuentas públicas del año que viene contemplan una partida de 3.472 millones de euros, el mayor importe de la historia, gracias a los fondos europeos.
Intención de aprobar la Ley de Vivienda en 2022
La titular del Mitma ha insistido en que el Gobierno sigue trabajando y negociando con los diferentes grupos parlamentarios para que la Ley de Vivienda “vea la luz antes de fin de año”. Una normativa que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de febrero y que todavía sigue en proceso de estudio de enmiendas.
Sánchez ha señalado que se han transaccionado “más de 400 enmiendas” de las más de 800 que se presentaron. “Es mucho más lo que hemos avanzado que lo que queda pendiente por resolver”, ha detallado la ministra.
Las enmiendas ya estudiadas han servido para mejorar “cuestiones con ámbitos diversos de la Ley de Vivienda”, como los marcos competenciales del Estado y las comunidades autónomas, porque el objetivo del Gobierno es ser “escrupulosos en el cumplimiento de las competencias en esta materia”. También se han incorporado otras medidas relativas a la habitabilidad, la eficiencia, el refuerzo a las situaciones de vulnerabilidad o la clarificación de competencias como la legislación urbanística y del suelo.
En cambio, la limitación de la subida del precio de los alquileres en su paquete de medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania. Ese tope del 2% en las rentas estará vigente hasta el 31 de diciembre y el Ejecutivo estudiará si lo extiende, en función del contexto económico. “Si persisten las condiciones, cuando llegue el momento, evidentemente, mantendremos esa medida. Está sujeto todavía a análisis”, ha avanzado Sánchez.
Más de 300 millones para rehabilitar edificios públicos
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) también ha concedido provisionalmente 307 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a 381 entidades locales de todas las provincias para la rehabilitación de edificios públicos de su titularidad.
Las entidades locales disponen ahora de un plazo de 10 días para aceptar expresamente las ayudas, antes de que se publique la resolución definitiva. Las actuaciones seleccionadas deben garantizar su recepción de obra, sin observaciones ni reparos, antes del 30 de septiembre de 2024.
